Juan Vargas, el exabogado de la conductora en Oruro, explicó a La Razón que el miércoles al mediodía le llegó una notificación, “es la imputación formal del fiscal. Se ha fijado una audiencia de medidas cautelares para el 28 de diciembre, pero se han planteado excepciones que deben ser resueltas, como la falta de competencia de jurisdiccionalidad. Creemos que el proceso debería llevarse a cabo en Santa Cruz, lugar donde se cometió el supuesto ilícito”. El abogado acota que la notificación debe hacerse de manera personal en el lugar donde reside la acusada.
Por su parte, el fiscal Terán señaló: “Estamos realizando las diligencias de notificación y, tras ello, la señora deberá apersonarse. Estamos empezando con la etapa preparatoria, una instancia donde se procede a recolectar las evidencias necesarias y no quiero adelantar más criterios al respecto”. Aclaró también que no hay una orden de aprehensión contra la productora de Brújula.
En la notificación entregada a Vargas se sostiene que Fernández no presentó documentos que acrediten familia, domicilio y oficio, por ello existen elementos que obstaculizan la investigación y el peligro de fuga.
Sin embargo, Vargas asegura que “el 14 de septiembre, día en que la señora Fernández se presentó en Oruro a declarar de forma voluntaria, le mostró al fiscal todos los papeles, pero él se negó a recibir los documentos, por ello veo que hay una incongruencia y presiones al fiscal”. Sobre las presiones, Vargas asegura que éstas vendrían de algunos dirigentes del Comité Cívico de Oruro, algo que Terán niega.
Según Vargas, la Fiscalía tiene como prueba la grabación del programa Del cielo al infierno de PAT, donde Milena emitió su opinión —“Oruro es fétida, apesta, no tiene cloacas y no tiene buena hotelería”—, que llevó a la alcaldesa de Oruro, Rossío Pimentel, a denunciarla por discriminación y racismo. “No existe materia justiciable suficiente. Milena se ha disculpado y aclaró lo ocurrido”.
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